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Ha sido aprobada la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Una ley ajustada al lucro de los magnates de la información de España, que tendrán a través de esta legislación un filón para enriquecerse a base de multas y tasas injustas. Desde enero, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) recibirá una compensación económica en forma de tasa o canon cada vez que cualquier otro medio enlace un contenido de la autoría de un medio asociado. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consideran que “la Ley de Propiedad Intelectual en nada obstaculiza la libertad de información, siempre dentro del respeto y protección a los derechos de propiedad intelectual de los autores”.
Resulta un tanto paradójico que quieran proteger a los autores entendiéndolos como empresas, porque a estas alturas a poca gente se le escapa que las redacciones están llenas de periodistas en situaciones de absoluta precariedad que son, en última instancia, los autores materiales de la información, y que desarrollan una de las profesiones más precarizadas y menos protegidas desde el gobierno. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha planteado la sugerencia de que los ingresos que lleguen a los editores fruto del cobro de esta polémica tasa o de las multas, se reinviertan en las redacciones, pero lo cierto es que ni desde el gobierno ni desde la AEDE se ha valorado en ningún momento una medida de este tipo.
Sin duda la conocida como tasa Google ha sido el punto más comentado de esta ley. Es llamativo que un gigante como Google, o plataformas como Menéame quieran echar el cierre en España ante tal despropósito, ya que su actividad se basa precisamente en agregar contenidos online. Tendrían que pagar un canon compensatorio a la AEDE por cada contenido agregado y eso es simplemente inviable en su modelo de negocio. En caso de no hacerlo, se enfrentarían a multas de entre 150.000 y 600.000 euros. No obstante, la regulación del flujo informativo de Internet en beneficio de unos pocos va mucho más allá del daño que produce a las grandes empresas y afecta a los ciudadanos de forma significativa, no es un mero asunto económico o empresarial.
La nueva Ley de Propiedad Intelectual restringirá de facto el acceso a la cultura y a la información. Los artículos 157 y 158 declaran ilegal ofrecer listados de enlaces en Internet a través de cualquier plataforma (webs, blogs). El gobierno creará una comisión que podrá cerrar las páginas o blogs que incumplan esta norma sin necesidad de ningún permiso judicial. Las multas por generar listados de enlaces en Internet pueden ascender hasta los 600.000 euros. Una cifra del todo desorbitada. No solo las webs de enlaces, también los proveedores que trabajen con ellas pueden ser multados, así se genera una espiral de miedo que desencadena autocensura: nadie genera estos contenidos porque no encontrarán una página de hosting que quiera albergarlos, ni contenidos publicitarios que quieran insertarse en sus sitios, ni plataformas de cobro online que quieran darles soporte bajo la amenaza de una multa astronómica.
El resultado final es un paso adelante en el control informativo de internet por parte de un gobierno y un lobby: controlarán qué se comparte y cómo se comparte. Y todo ello alardeando de ser defensores de la propiedad intelectual y del trabajo de quienes generan la información (de los dueños de los medios, no de los redactores, ni de los cámaras o reporteros). La mayoría de los usuarios que comparten contenidos en Internet no lo hacen con ningún fin lucrativo, sino por el mero hecho de compartir algo que les resulta interesante: compartir es algo que el ser humano ha hecho a lo largo de toda su existencia, incluso debería hacerlo más, pero con iniciativas de este tipo lo que queda claro es que tal comportamiento comunitario no es interesante en tanto a que no es rentable. El conocimiento colectivo y compartido es una de las grandes oportunidades que ofrece internet, pero han decidido ponerle grilletes, o puertas al campo. Ya casi lo están consiguiendo. El escándalo ha venido de la mano del cierre de Google o grandes plataformas, pero no ha sido tan comentado el hecho de que los millones de bloggers españoles que acostumbren a compartir enlaces deberán dejar de hacerlo si no quieren arruinarse con una multa que les saldrá más cara de lo que le salió al gobierno Aznar el desastre del Prestige, por poner solo un ejemplo.
En resumidas cuentas, si todo sigue la dirección actual, en menos de un mes España se convertirá en el único país de la Unión Europea que penalice por compartir contenidos en Internet. No solo eso. El gobierno anunció que esta reforma sería el preludio de nuevas medidas en el futuro. Puede que aún nos queden por ver novedades en materia de restricción informativa y comunicativa.
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